La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que explotaba sexualmente a mujeres de origen venezolano en Madrid y Tenerife tras detener a 17 personas en en las provincias de Madrid (12), Santa Cruz de Tenerife (4) y Toledo (1), de los cuales tres se encuentran en prisión provisional.
Se han identificado a 14 víctimas, y otras 12 potenciales afectadas, a las que la red obligaba a saldar deudas de entre 7.000 y 9.000 euros prostituyéndolas en "pisos prostíbulos" en Madrid y Tenerife, entre otras provincias.
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Los agentes comenzaron las pesquisas en el mes de agosto de 2025 gracias a la declaración de dos testigos en dependencias policiales tras tener conocimiento de la existencia de varias mujeres venezolanas que estaban siendo explotadas sexualmente en Tenerife. A medida que avanzaron, localizaron nuevas víctimas tanto en la isla como en distintos municipios de la capital, por lo que esclarecieron tanto la estructura como el funcionamiento de la organización.
En el comienzo de la operación, en el mes de marzo de 2026, los uniformados liberaron tres víctimas y detuvieron a tres integrantes de la organización, entre ellos algunos de sus principales responsables, y, fruto de esta primera fase, en el mes de mayo fueron arrestados otros dos miembros de la organización.
Primeras detenciones
En fases posteriores de la investigación pudieron identificar a más víctimas y confirmar la existencia de un entramado criminal, compuesto por al menos once miembros y apoyado por colaboradores que facilitaban viviendas destinadas a la explotación sexual.
Las víctimas eran trasladadas de forma habitual entre distintos pisos ubicados en las provincias de Madrid, Asturias, Toledo, Guadalajara y Santa Cruz de Tenerife; con lo que trataban de mantener el control sobre ellas y maximizar los beneficios obtenidos.
El cuerpo detectó que la organización captaba a mujeres venezolanas en situación de vulnerabilidad económica con promesas falsas y facilitando su llegada a España bajo aparentes motivos turísticos para, una vez en territorio nacional, trasladarlas a los diferentes pisos para que ejercieran la prostitución con en pretexto de que debían saldar deudas, de entre los 7.000 y los 9.000 euros, que habrían obtenido para llegar a España.
Los investigados controlaban sus cuentas bancarias, gestionaban los anuncios en páginas de contactos, fijaban los servicios y administraban los beneficios de las mujeres "sometidas a estrictas condiciones de control" y que debían estar disponibles las 24 horas del día, todos los días de la semana.
Forzadas a mantener relaciones sexuales
Las víctimas estaban forzadas a mantener relaciones sexuales con la menstruación, sin preservativo y sin derecho a negarse a clientes o a cualquier práctica sexual. Además, estaban obligadas a residir en los pisos prostíbulos de los que no podrían salir solas y en los que estaban vigiladas mediante cámaras instaladas en el establecimiento.
Con el objetivo de prolongar esta situación lo máximo posible, la organización imponía multas arbitrarias y préstamos en "condiciones abusivas", con lo que generaba nuevas deudas de manera continua. Asimismo, evitaban que abandonasen la red retirándoles la documentación personal y amenazando, tanto a las víctimas como a sus familiares, diciendo que pertenecían al grupo armado Tren de Aragua.
El operativo policial ha intervenido 800 euros, cuatro teléfonos móviles un ordenador portátil, "abundante" documentación relacionada con los hechos y han sido bloqueados 14 activos financieros utilizados por la organización para canalizar los beneficios de la red.
Ahora, tres de los detenidos están en prisión provisional y continúan las gestiones para identificar a colaboradores de la organización que, desde Venezuela, trabajan en las labores de captación.
Frente a la trata, el Cuerpo solicita colaboración ciudadana a través del número de teléfono 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es; desde los cuales facilitan la denuncia anónima y confidencial.
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