Desalojan 26 de las "casi mil viviendas ocupadas" que hay en Ocaña

Interior de algunas de las viviendas desalojadas en Ocaña / Fotos: cedidas por el Ayuntamiento de Ocaña

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ocaña autorizó el desalojo de 26 viviendas de un mismo bloque ubicado en dicha localidad toledana que ha sido ejecutado este lunes, 14 de septiembre, por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, según confirma a este medio el portavoz del Gobierno municipal, Juan José Rodríguez.

Se trata de inmuebles en propiedad de particulares, bancos e inmobiliarias que han aparecido con importantes daños materiales tras haber sido ocupados ilegalmente por personas "de otras localidades, algunas con antecedentes delictivos, y familias totalmente desestructuradas" desde hace "siete u ocho años".

El desalojo, que ha contado con "un amplío dispositivo", se ha producido con "normalidad" y sin "ningún altercado", remarca Rodríguez, que desconoce el número aproximado de inquilinos que habitaban en estas viviendas que ya habían sido abandonadas incluso días antes por algunos de ellos que ya conocían la autorización judicial.

"Era un infierno. Había personas que compraron viviendas en ese bloque y recibían insultos y amenazas. Las viviendas estaban totalmente destrozadas y -los inquilinos- estaban agravando la convivencia del barrio y del propio municipio", ha manifestado el portavoz, que subraya que, tras el censo que han elaborado, calculan que podría haber "casi mil viviendas ocupadas" en Ocaña.

"El 'boom' inmobiliario"

"En el Ayuntamiento lo tenemos muy claro con este tema. Vamos a colaborar en lo que nos pide el juzgado y vamos a luchar y a trabajar por erradicar este problema. Nos lo piden los vecinos", señala sobre una problemática sobre la que fija su origen en "el 'boom' inmobiliario" por el que se llegaron a construir entre "5.000 y 6.000 viviendas, de las que 3.000 quedaron vacías y la mayoría ocupadas", en una localidad con 11.597 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2019.

El alcalde de Ocaña, Eduardo Jiménez, remitió el pasado mes de julio una carta a los ministros de Justicia e Interior, Juan Carlos Campo y Fernando Grande-Marlaska, respectivamente, en la que les trasladaba su "profunda preocupación, cercana a la desesperación" por este "problema social". Un mes más tarde, se produjo otro desalojo de 59 viviendas de tres bloques distintos, según recogió La Tribuna de Toledo.

"Estos sujetos campan a sus anchas sabedores del privilegio del que gozan al no poder ser expulsados e incluso detenidos de manera automática por la comisión de estas acciones", a las que pedía que se "pueda dar respuesta policial" ya que, al parecer del alcalde, tendrían que "ser tratadas como delitos".