Demandan a tres altos cargos de CCOO Castilla-La Mancha por presunto acoso en el ámbito de trabajo

Imagen de archivo de la sede del sindicato de CCOO en Toledo

El secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha Paco de la Rosa se enfrenta a una demanda ante el Juzgado de lo Social por presunto acoso laboral y sexual en el ámbito del trabajo. En el mismo procedimiento se demanda también a  Raquel Payo, secretaria de Diálogo Social, Institucional y Salud Laboral del sindicato en la región y a Javier Ortega, actual secretario de Organización y que aspira a relevar al propio Paco de la Rosa al frente del sindicato en el Congreso regional que se celebrará en mayo, unos días después del juicio previsto por este caso, fijado para finales de abril.

La demanda la presentaba María Ángeles Castellanos, que fuera secretaria regional de Políticas Sociales, Agenda 2030 y Empleo del sindicato, entre otros cargos, a lo largo de su dilatada trayectoria dentro de CCOO, del que forma parte como trabajadora en la actualidad.

La noticia la adelantaba el diario ABC y la ha confirmado elDiarioclm.es, en fuentes de la dirección letrada de la demandante. “Es una demanda laboral, no una demanda penal. Hemos considerado que este es el procedimiento adecuado”. La demanda se presentó el pasado mes de octubre. “Nosotras denunciamos acoso sexual en el ámbito del trabajo, con vulneración de derechos fundamentales de la trabajadora y se exige indemnización”.

La investigación interna, según CCOO, "descartó acoso sexual"

La difusión de la información ha provocado la reacción del sindicato. En un comunicado subraya la “necesidad de trasladar información precisa y veraz” y apunta varias consideraciones. “No existe ni ha existido procedimiento penal contra ninguna de las personas con responsabilidades en la organización sindical en relación con delitos de acoso o de naturaleza sexual”.

El sindicato esgrime que se trata de una “demanda laboral” en la que una persona que ha tenido responsabilidades en la Comisión Ejecutiva Regional de CCOO, sin citar su nombre, “reclama una indemnización económica en desacuerdo con su cese a principios de año, y el consecuente regreso a su anterior puesto de trabajo”.

En este sentido, este extremo es desmentido por la defensa de la demandante. “No se está reclamando ningún cargo sindical. No se pide nada de eso. Se dice que hay una serie de actuaciones que no se ajustan a la legalidad y punto. Es lo que tendrá que dirimir el juzgado con las pruebas que tenemos”.

No se está reclamando ningún cargo sindical. No se pide nada de eso. Se dice que hay una serie de actuaciones que no se ajustan a la legalidad y punto. Es lo que tendrá que dirimir el juzgado con las pruebas que tenemos"

Abogada de la demandante contra CCOO

La abogada también quiere desterrar la idea, en declaraciones a elDiarioclm.es, de que la demandante esté buscando únicamente ser indemnizada por esta cuestión. “Existe otro procedimiento planteado de reclamación de derecho y cantidad también en lo Social”. La abogada recuerda que su clienta es “trabajadora del sindicato” y que al volver a su puesto de trabajo, tras pasar por un cargo en la dirección del sindicato, “se le detrae el sueldo, se elimina un complemento de trabajo que debe ser abonado. Hay dos procedimientos abiertos contra el sindicato”.

“No es cierto que ella quiera recuperar el cargo, no lo pedimos en ningún sitio”, insiste la letrada, quien anuncia que “una vez que tengamos la sentencia en la mano, veremos que se hace”. No descarta iniciar un procedimiento penal.

CCOO sostiene por su parte que el cambio fue fruto de la “reestructuración” de las áreas de trabajo de la dirección regional y que “fue en todo momento una decisión ajustada a las normas de la organización” y que su aprobación se produjo “de forma democrática” por parte de las personas que integran la Ejecutiva regional el 25 de enero de 2024, “por mayoría de votos, con la abstención de la persona cesada y sin ningún voto en contra, tal y como se establece estatutariamente, y de acuerdo con las competencias establecidas”.

También señala el sindicato que “existe un protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, un mecanismo que permite atajar de inmediato cualquier conducta inadecuada” y que eso “implica” que sea la propia organización la que llevaría “a la vía penal un delito tan grave como este”.

Dicho procedimiento fue activado en marzo de 2024 “a partir del conocimiento de una queja hacia el secretario general de una persona trabajadora de la organización”.

Conforme al funcionamiento establecido, una comisión mantuvo una serie de entrevistas con las personas relacionadas “para obtener testimonios y recabar todo tipo de indicios de la presunta conducta inadecuada”.

El informe final de dicha comisión, añade, “tras una exhaustiva investigación, descartó la existencia de indicios de acoso sexual y acoso por razón de sexo”.

La organización sindical subraya en el mismo comunicado “el clima de respeto, colaboración e igualdad que se ha esforzado en construir y mantener en cada uno de los espacios de trabajo de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, y actuará siempre de oficio para prevenir, y atajar, cualquier indicio de discriminación, abuso o acoso”.

También anuncia que no hará nuevas manifestaciones sobre el caso “para respetar al máximo un procedimiento laboral a día de hoy abierto en el Juzgado de lo Social, y por tanto pendiente de resolverse”. De otro lado, asegura que adoptará las “acciones legales necesarias” para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las personas que componen sus órganos de dirección, así como su imagen y reputación.