El diputado provincial de Cs, Julio Comendador, ha urgido a compensar a las personas y administraciones públicas que han sufrido los efectos de la borrasca 'Filomena' y ha instado a la Diputación a que se sume a su petición para que la provincia de Toledo sea declarada por el Gobierno de España como “zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil”, término legal que reconoce la catástrofe que ha causado en muchos pueblos esta borrasca, con las consiguientes ayudas para los damnificados.
Comendador se ha hecho eco de la propuesta registrada por Ciudadanos en el Congreso de los Diputados el pasado 13 de enero, en la que su presidenta nacional, Inés Arrimadas, solicitaba esta declaración expresamente para la provincia de Toledo y ha insistido en que “la Diputación, por sus competencias y responsabilidad, se ha de sumar a esta petición, que supondrá un alivio a las pérdidas que sufren muchos de nuestros pueblos a causa de este temporal. Una solicitud similar se ha cursado ya desde la Diputación de Guadalajara para su provincia”.
El portavoz de Cs, en un escrito presentado en el Registro de la Diputación, pide a la Institución provincial que se coordine con las otras administraciones del Estado para que se realice “con la mayor urgencia el pago de ayudas a zonas afectadas, conforme al Real Decreto que regula las subvenciones para mitigar situaciones de emergencia o catastróficas”, así como adoptar todas las medidas “para reparar lo antes posible los daños sufridos por personas e instituciones de la provincia”.
Más de 18.000 habitantes sin agua, luz, calefacción o aislados
En este sentido, ha recordado que, según los Servicios de Emergencias, más de 18.000 habitantes de pueblos de Toledo se han quedado durante días sin agua, sin luz, sin calefacción e, incluso, aislados por la nieve, viviendo “una situación crítica”, que no se ha normalizado aún en algunas zonas, donde se mantienen las dificultades para el acceso a suministros básicos o al transporte.
Comendador ha aclarado que “la declaración de zona afectada por una emergencia de protección civil es potestad del Consejo de Ministros y conlleva la concesión de ayudas económicas a particulares por daños en vivienda y enseres de primera necesidad, ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles o de servicios subvenciones por daños en infraestructuras municipales”.
“También se contemplan exenciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en el ejercicio en el que haya ocurrido la emergencia, reducción del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) o exención de tasas para la tramitación de bajas de vehículos solicitadas como consecuencia de los daños producidos por la catástrofe, además de moratorias en el pago de cuotas a la Seguridad Social, entre otras medidas. Hay que tener en cuenta que estas ayudas por daños personales están exentas de IRPF”, ha agregado.