Crítica generalizada de los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Toledo sobre el nuevo convenio de Vega Baja

Vega Baja desde la Peraleda / Fotografía: Antonio Zárate

El Convenio de Vega Baja elaborado entre el Ayuntamiento de Toledo, la Junta de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Cultura, era criticado por los partidos de la oposición en el consistorio incluso horas antes de publicarse oficialmente en el Boletín Oficial del Estado.

El texto, que tendrá una vigencia de cuatro años, define el entorno de Vega Baja como “zona de especial sensibilidad” que incluiría “el entorno de los Bienes de Interés Cultural (BIC) del Circo Romano, la Ermita del Cristo de la Vega y el Yacimiento Arqueológico de La Vega Baja, “que requiere unas necesidades de mantenimiento y conservación que garanticen preservar su riqueza cultural e histórica”.

Teniendo en cuenta su extensión y la dificultad de “actuar en tiempo y forma en todos ellos”, Ayuntamiento, Junta y Ministerio han unido sus competencias para “crear un mecanismo de cooperación con capacidad para realizar cuantas actuaciones” sean necesarias para el “mantenimiento y conservación preventiva que requiere ese enorme patrimonio”.

Por ello, las instituciones firmantes del Convenio se comprometen a reunir “los recursos económicos necesarios para desarrollar las actuaciones que se establezcan en los convenios específicos” que todavía no se han concretado pero que contemplan diferentes acciones.

Entre ellas, estudio y musealización del Sitio de la Vega Baja; la creación de espacios verdes en los recorridos, entre los bienes de interés cultural y las zonas en excavación; o la recuperación de las áreas ya excavadas y la consolidación de las estructuras arqueológicas.

Además, el texto incluye “retomar las excavaciones arqueológicas que completen la investigación de las parcelas que quedaron a medio excavar” y recuperar “la vertiente pedagógica” con la realización de la iniciativa “Abierto por obras”, también en esta zona de la ciudad.

Tal y como reconocen las instituciones públicas que han elaborado este convenio Toledo cuenta con una gran cantidad de bienes que conforman su patrimonio histórico y no todos ellos están su Casco, yendo “más allá del perímetro delimitado por sus murallas, con continuos hallazgos arqueológicos que incrementan el número de espacios patrimoniales”.

Restos arqueológicos de Vega Baja / Foto: Antonio Seguido

Con el objetivo de llevar a la práctica acciones como las recogidas en el convenio marco, se creará la Comisión de Supervisión y Seguimiento que estará en el Ayuntamiento de Toledo.

“No sirve para nada”

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Toledo, Claudia Alonso, considera que este texto “no sirve para nada” y que el problema va a “seguir enquistado” ya que se trata “de una mera declaración de intenciones”. “Es una vergüenza que las distintas administraciones socialistas implicadas hayan estado vendiendo este Convenio como una solución y ahora lo que nos encontramos es solo un papel que busca una foto pero que ni soluciona el problema ni plantea soluciones para un asunto clave en el desarrollo de la ciudad y la protección de nuestro patrimonio histórico”.

Según la portavoz popular, “en el Convenio no se definen las actuaciones a desarrollar, ni las obligaciones de las partes, ni se fija el tipo de planificación urbanística”.

Un convenio “decepcionante” según Izquierda Unida-Podemos

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida-Podemos, Txema Fernández, hablaba de “decepción” al referirse al texto aprobado por lo que ha calificado de “tripartito”: el Ministerio, la Junta y el Ayuntamiento de Toledo. “Nos resulta ciertamente decepcionante si lo unimos al aporte que hace el Gobierno a esta zona en los Presupuestos Generales del Estado de 2022”.

“Creemos que este Convenio deja abierta la puerta y la posibilidad para que Vega Baja anteponga planes urbanizadores a planes patrimoniales de conservación, recuperación y musealización de un yacimiento arqueológico que puede resultar decisivo en la política cultural de la ciudad”, ha manifestado.

La extrema derecha de Vox se ha limitado a señalar que desconocían el texto antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado”.