
Concentración en Toledo para pedir más empleo en las confederaciones hidrográficas F. Bravo
“El agua no se vende, el agua se defiende”, “más personal para la Confederación”, “estamos dejando el agua sin control”. Son algunos de los eslogan que corearon representantes sindicales en Toledo para advertir a la población de la falta de personal en la gestión hídrica en España. La protesta forma parte de una campaña que lleva ya dos años en marcha por parte de CCOO para denunciar la pérdida de empleo público en organismos como las Confederaciones Hidrográficas, así como en la vigilancia del dominio público.
“No se puede dejar a las comunidades de regantes a controlar un bien que es de toda la ciudadanía, y que tiene que estar gestionado por empleados y empleados públicos, que son los que garantizan que el bien va a seguir siendo de todos y que no se hace un mal uso de él”, resumía Javier Chamorro, secretario de la sección estatal de CCOO en el Ministerio de Transición Ecológica. Chamorro ha cifrado la pérdida de empleo público en las confederaciones hidrográficas del Tajo y del Guadiana en más de un 30% en solo 20 años.
Esto, “no puede ser”, resaltaba Chamorro, en un contexto de episodios “extremos” climáticos, como pueden ser las recientes DANA o las sequías. “No puede ser que tengamos tan poco personal en presas o canales, ni tampoco en la propia vigilancia del dominio público”, explicaba el sindicalista. En la Confederación Hidrográfica del Tajo en Toledo, explicó Chamorro, solo hay 60 puestos de trabajo, de los cuales están ocupadas 44 plazas, según Chamorro.
Desde el sindicato advierten de que infraestructuras “estratégicas” de la provincia, como puede ser el embalse de Cazalegas, Castro o Finisterre “prácticamente no tienen personal”. “A pesar de que se han privatizado muchos de los servicios, las empresas que los prestan tienen a lo mejor 2, 3 o 4 personas”, resaltaba el sindicalista. Concede, sin embargo, que hay “mucho dinero” invertido en su mantenimiento, pero que faltan fondos para el personal que esté en ellas en su día a día, en mantenerlas o explotarlas. “Nos podemos encontrar con que de repente ocurre algo y no hay gente para operar las propias presas”, destaca.
Vigilancia del dominio público
En cuanto al personal encargado de la vigilancia del dominio público, en concreto los agentes medioambientales o los técnicos de vigilancia, Chamorro ha resaltado que en Toledo son la mitad de lo que debería haber. “No hay gente suficiente”, es el resumen. Si la media es de un agente medioambiental o un técnico por cada 1.000 kilómetros cuadrados, en la provincia es uno por cada 2.000.
“En un contexto de sequía, sí hay pozos ilegales y no tenemos gente que lo controle, pues hay gente que le está quitando el agua a otro”, ha zanjado el sindicalista. Y en cuanto a las presas, ha recordado que en el caso en el que haya un fenómeno de inundación, como sí ha ocurrido en comarcas como la de La Sagra, si no hay personal se puede llegar a una situación “de riesgo” incluso para la propia infraestructura. “Las infraestructuras hidráulicas ya tienen una edad, por ejemplo, la presa de Cazalegas es del año 49, y son muy singulares, cada una tiene su infraestructura propia y es necesario conocerlo, es necesario que la plantilla que esté allí esté permanentemente y sepa cómo operar esa presa”, ha concluido.
En la campaña que va por toda España, en diferentes capitales provinciales o autonómicas, han pedido la puesta en marcha de una Oferta Extraordinaria de Empleo Público. “Es necesario que entre un volumen importante de gente. La gente ahora mismo que entró en torno de los años 80, a principios de los años 90, se está jubilando. Entonces, necesitamos rejuvenecer toda esa plantilla”, aseveró el sindicalista.
Y es que recalca que las privatizaciones no pueden solucionar las “situaciones complicadas” que se acarrean de una plantilla envejecida, simplemente porque “no entra tanta gente como la que sale”. “Necesitamos que se haga un esfuerzo. El agua ahora mismo en España es un bien estratégico, en provincias como Toledo o en Castilla-La Mancha lo es todavía más”, zanjó.
Pero no solo faltan vigilantes, sino incluso personal administrativo que pueda trabajar en la tramitación de las peticiones de concesiones de regadío, vertidos. Chamorro ha concedido que las políticas “privatizadoras” son una línea de actuación de los países occidentales europeos, con 20 años “muy malos” de pérdida de empleo público, ya que la tasa de reposición ha sido “cero” desde principios de la década de los 2.000. “Con una única convocatoria no va a ser posible recuperar todo el empleo”, señaló, que ha cifrado en unos dos mil puestos en toda España.