CCOO: La mayoría de ayuntamientos toledanos no podrán pagar el bono social de Rajoy

El sindicato CCOO ha vuelto a poner en tela de juicio el nuevo bono social para hacer frente a la pobreza energética del Gobierno de Mariano Rajoy, en vigor desde el 7 de octubre. “Sigue sin solucionar el grave problema de las familias más desfavorecidas, es poco solidario, deja de lado a los consumidores de gas pese a gran parte de las familias usan este combustible para la calefacción de sus hogares, y endosa a la Junta y/o a los ayuntamientos una parte de la factura -el 50%- del colectivo”, ha remarcado el responsable de Políticas Sociales del sindicato en Toledo, Pedro López.

Además, ha explicado que los ayuntamientos con los que han hablado están “indignados y atónitos” y que casi ninguno ayuntamiento tiene partida presupuestaria para hacerse cargo de esta ayuda. “Con el nuevo bono social, el Gobierno central lo que ha dicho es ‘yo invito, pero pagas tu’”, ha denunciado. También ha precisado que la “peor trampa” de este nuevo bono es que asumen las mitad de las ayudas o las empresas eléctricas o las administraciones regionales y locales.  “Y, encima, hay dos sentencias del Supremo que dicen que las eléctricas no tienen porqué pagar su parte del bono, de forma que el Gobierno les tendrá que entregar 500 millones que pagamos entre todos”, destaca.

Al hilo de ello, Jesús López ha subrayado que el recibo de la luz es hoy un 12,18% más caro que hace un año, mienras que España es uno de los países europeos con las tarifas más caras y también con mayor pobreza energética. “Casi siete millones de personas tienen problemas para pagar este recibo y alrededor de cinco millones pasa el invierno sin calefacción. Mientras, las empresas eléctricas o de gas siguen ganando mucho dinero y la gente sufre cortes de luz o de gas”, ha concluido.

Por su parte, el secretario de Empleo de CCOO-Toledo, Federico Pérez, ha denunciado la situación de las personas con las pensiones más bajas, de los parados sin protección y de buena parte de las mujeres trabajadoras de la provincia. “En estas fechas en las que nos encontramos, conviene hacer balance del año y llamar la atención de las administraciones sobre todo el camino que nos queda por recorrer en dos puntos fundamentales: la pobreza laboral y las limitaciones de las políticas sociales en nuestra provincia.”

“Esta semana hemos conocido la buena noticia del acuerdo para aumentar el Salario Mínimo Interprofesional un 4%, una noticia de la que debemos felicitarnos pero que debe darnos pie a seguir trabajando y reclamando medidas para recuperar los derechos de los que han sufrido con mayor intensidad la crisis, como son pensionistas y los trabajadores con salarios más bajos”.

De igual manera, ha criticado la “penalización a la que se somete a miles de demandantes de empleo”, los trabajadores de mayor edad que en muchas ocasiones son parados de larga duración, provenientes de sectores que “han sido castigados duramente” durante esta crisis como es el caso de la construcción en zonas como la comarca de la Sagra”. “Estos trabajadores son empujados, obligados a una jubilación anticipada, que penaliza sus pensiones, reduce su poder adquisitivo, por una falta de alternativas de empleo”.