Medio centenar de delegados y delegadas de CCOO-Enseñanza Castilla-La Mancha se han concentrado este lunes ante la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas para reclamar una dotación presupuestaria que permita contratar a tiempo completo y durante todo el año a auxiliares técnicos educativos (ATE), intérpretes de lengua de signos y personal de cocina, tres colectivos laborales de la Consejería de Educación.
El sindicato señala que se trata de un total de 850 personas que tienen sus oposiciones aprobadas, mantienen contratos a tiempo parcial y sólo de diez meses al año. "El 95% de las personas que integran estos colectivos son mujeres, que sufren una doble segregación: por la cotización y por el sueldo", precisa CCOO.
“Es inviable mantener en pleno siglo XXI un administración pública con contratación precaria. Exigimos ‘35 horas, 12 meses’ para todos los colectivos del personal laboral que sufren esta discriminación frente al resto de los trabajadores y trabajadoras de la Junta”, reclamó Ana Delgado, secretaria general de CCOO-Enseñanza en la región.
“Hemos de exigir también al Gobierno de Castilla-La Mancha que termine con la segregación de género que implica esta precariedad. Porque el 95% de las personas que integran estos colectivos son mujeres, que sufren una doble segregación, por la cotización a la Seguridad Social y por el sueldo”, advirtió Delgado.
Entrega de más de 5.000 firmas
CCOO-Enseñanza apunta que lleva años denunciando esta situación. Tras el paréntesis forzado por la pandemia, CCOO afirma que reactivó la campaña contra "la precariedad laboral que sufren estos los profesionales y el 2 de marzo registró ante la consejería más de 5.000 firmas de la comunidad educativa de Castilla-La Mancha para pedir la contratación a jornada completa y durante los 12 meses del año del personal laboral de Enseñanza sometido a precariedad en su contratación".
Posteriormente, CCOO-Enseñanza ha protagonizado sucesivas concentraciones ante las cinco delegaciones provinciales de Educación, consejería que termina por trasladar las reivindicaciones a la de Hacienda/Función Pública, que es la que, a la postre, debe dotar el presupuesto preciso para atenderlas.