A partir del próximo 18 de febrero, el colectivo '40 días por la vida' vuelve a las puertas de centros de interrupción del embarazo e iglesias en 25 ciudades, entre ellas Toledo y Talavera de la Reina. Personas voluntarias, previamente inscritas en la iniciativa, serán las que hagan turnos de oración y ayuno con la intención de "amedrentar" a las mujeres que deciden libremente abortar.
Así lo ha denunciado el sindicato de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha (CCOO CLM). Estas vigilias -dirigidas desde la Iglesia católica y organizaciones conservadoras- tienen la intención, según los organizadores, de "acabar con el aborto a nivel local”. Para el sindicato esta acción, pese al carácter “pacífico” que propugna, resulta ser una "coacción" a las mujeres que deciden ejercer libremente su derecho.
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La secretaria de Mujeres, Igualdad y Juventud de CCOO Castilla-La Mancha, Ana Villaseñor Horcajada, ha sido tajante al respecto. “Plantarse a las puertas de una clínica no es ‘rezar’, es señalar, presionar y coaccionar a mujeres que están ejerciendo un derecho reconocido por la ley. Quien se coloca frente a una clínica para interferir en una decisión íntima está ejerciendo violencia institucional y social, aunque lo haga con un rosario en la mano”.
De tres meses a un año de prisión
Villaseñor también ha recordado que “la libertad religiosa no ampara el acoso ni la coacción; los derechos de las mujeres están por encima de cualquier cruzada ideológica” y subraya que “la ley protege a las mujeres y a los profesionales sanitarios frente a estas prácticas de hostigamiento; no todo vale en nombre de la moral”.
Se trata de la Ley Orgánica 4/2022, de 12 de abril, la cual penaliza el acoso a las mujeres que acuden a estas clínicas y reconoce su derecho a interrumpir libre y voluntariamente la gestación. Esto no solo protege a las mujeres que han tomado la decisión de abortar sino que también lo hace con los profesionales que participan en el proceso.
En su artículo único tipifica con penas de tres meses a un año de prisión o trabajos en beneficio de la comunidad a quienes “para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosaran a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad”.
CCOO exige que el gobierno regional actúe
El sindicato pide al gobierno regional que "garantice zonas seguras alrededor de las clínicas para que las mujeres puedan acceder a la interrupción del embarazo sin ser acosadas. Además, desde CCOO instamos a garantizar el acceso universal, seguro y gratuito al derecho al aborto, respetando la libertad de elección de las mujeres respecto a los métodos con los que se realizan las interrupciones voluntarias del embarazo -instrumental y farmacológico- y protegiendo a todas las personas profesionales frente a los acosos y el estigma”.
En Castilla-La Mancha, sigue sin ser posible abortar en la sanidad pública debido a la objeción de conciencia de los profesionales, de la que todavía no existen registros legalmente implantados. Reclamamos una red pública y accesible y nos reafirmamos en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
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