CCOO ha denunciado los despidos irregulares de las dos taquilleras subcontratadas por la Fundación Roberto Polo (FRP) en su Centro de Arte de Toledo. El sindicato explica que las trabajadoras acudieron este pasado miércoles a su trabajo y "se encontraron con que habían sido sustituidas por otras personas, ambas con discapacidad. No pudieron acceder a su puesto de trabajo, aunque de momento ni siquiera tienen carta de despido", afirman desde la organización sindical.
En este sentido, piden explicaciones y responsabilidades por estos despidos a la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, presidenta del patronato de la Fundación. Las dos taquilleras, explican, prestaban servicio en el Centro de Arte de la FRP a través de la empresa Fegamas, que tenía la contrata. Ahora, la Fundación se la ha adjudicado a Magéntica Social, un Centro Especial de Empleo que se niega a subrogarse a las dos mujeres que venían haciendo ese trabajo hasta ahora.
"Aquí hay una evidente sucesión de empresas del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, que establece que, en el caso de cambio de contrata, la nueva empresa queda automáticamente subrogada los contratos y los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social de la anterior”, denuncia Carlos García Montoya, secretario de Negociación Colectiva de CCOO-Construcción y Servicios Castilla-La Mancha.
“El hecho de que la nueva empresa adjudicataria sea un centro especial de empleo tiene, para ella, lucrativos efectos; al beneficiarse de exenciones en las cotizaciones de sus trabajadoras y trabajadores a la Seguridad Social. Pero no la exime de cumplir el Estatuto de los Trabajadores dejando en la calle a otras dos trabajadoras cuyos contratos está obligada a subrogarse", recalca García.
Por otro lado, explican que "no es admisible" que la Fundación Roberto Polo "se desentienda" del cumplimiento del Acuerdo de Estabilidad en las Contratas suscrito por el Gobierno castellanomanchego con los sindicatos CCOO y UGT. "Exigimos explicaciones y responsabilidades a la consejera", asegura el sindicalista. Además, explican que el cambio de contrata conlleva para la Fundación un coste de mil euros más, un total de 28.000 euros al año, "pese a que sus costes laborales serán mucho menores".
“Entendemos, compartimos y aplaudimos el interés del Gobierno por atender la necesidad de integración laboral de las personas con discapacidad, un objetivo en el que CCOO está plenamente comprometido. Pero no aceptamos que para alcanzar este objetivo se enfrenten derechos legítimos de personas trabajadoras; que, como en el caso de las taquilleras de la Fundación Roberto Polo, tienen por Ley el derecho a conservar su puesto de trabajo", concluyen.
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