Las derivaciones de agua desde el Acueducto Tajo-Segura no han cesado ni cuando ha habido sequía en la cabecera de la cuenca cedente ni en pleno estado de alarma por la pandemia de coronavirus. Esta misma semana ha vuelto a aprobarse una nueva derivación ya avanzado por la Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche y, de momento, la situación no parece que vaya a cambiar más allá de los primeros compromisos que el Gobierno de Castilla-La Mancha consiguió del Ejecutivo de Pedro Sánchez: un vocal en representación de la región en la Comisión de Explotación del Trasvase que tiene voz pero no voto.
Son décadas de polémica sobre este asunto y muy pocos pasos hacia adelante. Un contexto que el Ejecutivo castellanomanchego quiere transformar mediante su nueva Ley de Aguas. Hay ya un borrador del anteproyecto que se encuentra en trámite de información pública y que tiene como objetivo modificar la vigente Ley del Ciclo Integral del Agua de esta comunidad autónoma, aprobada en 2002.
Se trata de una ley con objetivos muy generales centrados en garantizar a la ciudadanía el acceso sostenible al agua potable en cantidad y calidad suficientes, y que incorpora importantes novedades como un canon medioambiental para la utilización de este recurso. Pero en sus disposiciones adicionales, fuera del articulado, hace referencia la “necesaria intervención” de la comunidad autónoma en las decisiones estatales sobre política hidráulica. Y es ahí donde incluye la posibilidad de intervenir en el Tajo-Segura.
Establece así que Castilla-La Mancha emitirá un “informe preceptivo” para cualquier propuesta de transferencia de aguas “que afecte a los intereses” de la región, “en defensa de las competencias autonómicas.
Este documento deberá emitirse en el plazo máximo de 15 días a partir del momento en que la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha reciba del Gobierno central la documentación completa relativa a la transferencia que se proyecto llevar a cabo. En el caso del trasvase Tajo-Segura, sería el Ministerio para la Transición Ecológica, encargada de aprobar las derivaciones de agua, quien debería adelantar sus decisiones al Gobierno regional, reservándose así este último la capacidad para impedirlas.
Esta comunidad autónoma ya estuvo a punto de conseguir una reforma legislativa para que descendieran los aportes de agua desde la cabecera del Tajo hacia Levante. Fue a través de la reforma de su Estatuto de Autonomía, que se aprobó por consenso en las Cortes regionales pero que frenó el PP a nivel nacional, por lo que no llegó a tomarse en consideración en el Congreso de los Diputados.
Encomiendas de gestión en las confederaciones
El hecho de que Castilla-La Mancha quiera disponer de más control en la gestión de sus aguas queda también reflejado en otra disposición del borrador, donde se incluye que el Gobierno autonómico podrá solicitar de las confederaciones hidrográficas correspondientes las encomiendas de gestión necesarias para participar en las tareas de control de los caudales de aprovechamientos para usos agrícolas e industriales.
Precisamente, esta misma semana la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura ha autorizado un trasvase para el mes de agosto de 38 hm3. El informe de situación, también elaborado por el CEDEX y tomado en consideración por la Comisión indica que, a 1 de agosto de 2020, el volumen embalsado en Entrepeñas y Buendía era de 687,1 hm3, quedando un volumen autorizado pendiente de trasvasar de 21,3 hm3, por lo que resulta un volumen de embalse efectivo de 665,8 hm3.
Plataformas ciudadanas y la Asociación de Municipios Ribereños habían advertido ya de esta situación, criticando que el Ministerio de Transición Ecológica “vuelve a hacer trampas”. Desde el colectivo señalaban que este nuevo trasvase explica que “durante el mes de julio ha enviado hacia el Tajo mucha menos agua de la que correspondía”. “De esta manera, el informe de la Comisión indica que las reservas de Entrepeñas y Buendía (descontado el agua pendiente a trasvasar) a 1 de agosto eran de 665,8 hm3; mientras que el umbral que define el Nivel 3 (decisión de ministra y sólo hasta 20 hm3) es de 661 hm3”, criticaban.
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