Sonseca / Fotografía: Bárbara D. Alarcón
Es la primera vez que el Gobierno de Castilla-La Mancha incluye en su proyecto de Ley de Presupuestos un impacto económico sobre la despoblación. Así lo ha incorporado en sus cuentas públicas para 2023, dentro de la memoria de impactos, donde detalla que el presupuesto total del año que viene que destinará a las políticas activas para hacer frente al reto demográfico asciende a más de 1.700 millones de euros. En total, supone el 3,6% del Producto Interior Bruto (PIB) regional.
Con ello el Ejecutivo quiere dar cumplimiento a la Ley contra la Despoblación aprobada en 2021, donde se establece que deben tomarse en consideración los indicadores que permitan integrar el impacto demográfico en las políticas presupuestarias. También regula que en la memoria de los presupuestos se individualice el gasto en las políticas activas recogidas en la Estrategia Regional contra la Despoblación, el instrumento de planificación que desarrolla el contenido de la ley.
El Gobierno castellanomanchego, para facilitar este enfoque transversal, aprobó el pasado mes de mayo una orden de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas con nuevas normas de elaboración de los Presupuestos autonómicos de 2023.
Metodología específica
Para ello ha sido necesario configurar una metodología y se ha diseñado una ficha orientada a facilitar la recogida de información relativa a las propuestas de gastos que impliquen la prestación de servicios y/o actuaciones que tengan incidencia en los municipios afectados por la despoblación. Así, la memoria de impacto demográfico y de lucha frente a la despoblación supone en sí mismo un “hito” en la elaboración de las cuentas públicas castellanomanchegas.
Según este nuevo documento, el presupuesto total para 2023 (incluyendo las medidas de la Estrategia Regional y otras políticas activas) que se destina a frenar la despoblación asciende a 1.714.488.524 euros.
De ese total, el presupuesto para otras políticas activas frente a la despoblación que no están incluidas en la Estrategia asciende a 1.125.995.224 euros, mientras que las cuentas para la Estrategia contra la Despoblación 588.493.300 euros. El presupuesto total destinado al Ámbito de los Servicios Públicos (sanidad, educación, servicios sociales y transporte) para atender las actuaciones concretas de esta planificación es de 197.370.530 euros, lo que supone casi un 34% del total de la Estrategia.
El presupuesto total de las políticas activas frente a la despoblación se distribuye según cada ámbito de actuación: un 40% para Servicios Públicos, un 43% para el área económica, un 9% para políticas sociales y un 8% para el ámbito territorial. .
Así, en el presupuesto de la Estrategia, el ámbito de los Servicios Públicos junto con el área económico son los que aglutinan la mayor parte del presupuesto. “De esta forma, se interviene para garantizar el acceso a los servicios por parte de la población de las zonas afectadas por la despoblación y se sienta las bases para crear un entorno favorable para vivir, invertir y emprender en estas zonas rurales”, explica el Ejecutivo en la memoria.
Beneficios fiscales
Por último, los beneficios fiscales que se incluyen como actuaciones en la Estrategia, de acuerdo con la memoria de beneficios fiscales asociados a las políticas activas frente a la despoblación, se estima que el impacto de las mismas para el año 2023 será de 27.567.025 euros.
El Objetivo de la Estrategia contra la Despoblación, principal instrumento de planificación que establece la Ley autonómica para el desarrollo de las zonas rurales escasamente pobladas y en riesgo de despoblación, es garantizar la funcionalidad de las 26 zonas rurales menos pobladas, dando respuestas a las necesidades de la población de sus 721 municipios en materia de prestación de servicios públicos, movilidad, conectividad, emprendimiento, empleo, ocio o vivienda.
