El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado presentar un recurso contencioso administrativo para reclamar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que adecúe las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura ante la "insostenible situación" que, subraya, se genera con las actuales normas de uso de esta infraestructura hidráulica.
Así lo ha avanzado la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, que explica que la interposición de este recurso se aprueba por "el incumplimiento de la revisión de las reglas de explotación y su elevación al Consejo Nacional del Agua en el plazo establecido, lo que supone el incumplimiento de un mandato legal".
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Además, el Gobierno castellanomanchega se reserva el derecho de solicitar medidas cautelares una vez que se haya admitido la demanda, agrega Gómez, que ha lamentado sobre este asunto no tener "una relación directa" con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra del ramo, Sara Aagesen, con la que el Gobierno regional lleva tiempo pidiendo una reunión.
"A quienes dicen que no hemos negociado lo suficiente, señalarles que el presidente de Castilla-La Mancha lleva más de seis meses esperando una cita de la ministra Sara Aagesen; o que yo misma como consejera de Desarrollo Sostenible, llevo más de un año esperando esta reunión”, ha manifestado Gómez.
Degradación de hábitats en el tramo medio del Tajo
Esta demanda, apunta Gómez, se sustenta ante un "balance hídrico negativo que se está produciendo como consecuencia del trasvase" y debido a "un daño ecológico irreparable en cinco espacios protegidos de Castilla-La Mancha de la Red Natura 2000" en el tramo medio del río Tajo.
En concreto, se ha referido a que se está produciendo "un deterioro significativo" en los ecosistemas ligados al tramo medio del río Tajo, como es el caso de Sierra de Altomira, Yesares del Valle del Tajo, Carrizales y Sotos del Jarama y Tajo, Río Tajo en Castrejón, islas de Malpica y Azután, así como las Barrancas de Talavera. Todos ellos dependen directamente del caudal y la calidad del agua del Tajo.
La falta de actualización de las reglas, subraya, mantiene vigente un sistema de explotación que "favorece un desequilibrio ambiental estructural, lo que nos está llevando a la pérdida de bosques de ribera, la alteración de la dinámica fluvial y el retroceso en hábitats que son prioritarios”.
Si se aplicasen las reglas de explotación, dice Gómez, se acortarían las derivaciones en un 40 por ciento en 2027, de los 320 hm3 medios anuales trasvasados desde la cabecera del Tajo hacia el Levante (sin contar con la situación excepcional de los dos últimos años), en 2026 se hubiesen derivado 248 hm3 y en 2027, 193 hm3; "lo que marca una diferencia de 127 hm3 que nos ahorraríamos para las reservas hídricas y para cuidar el estado de las masas de la Red Natura 2000", ha manifestado Gómez.
En el actual año hidrológico 2025-26 hasta el mes de mayo incluido de 2026, se han aprobado trasvases por un volumen total de 315 hm3. Si se mantuvieran en nivel 1 los embalses de cabecera se podrían llegar a aprobar hasta 240 hm3 más lo que supondría un total de 555 hm3 en el año, un 73% de agua trasvasada más respecto a la media de los últimos años. Igualmente ha reiterado que, en estos 47 años de trasvase, se han producido trasvases de 15.148 hectómetros cúbicos que equivalen “15.148 piscinas olímpicas o el abastecimiento de 63 millones de viviendas”.
Aunque parezca que "ahora sí que hay agua" al tratarse de un periodo húmedo, Gómez apunta que realmente "eso es un espejismo" y estas reglas de explotación se deben adaptar "plenamente a estas circunstancias" y permitir que el río Tajo "sea un río vivo, que cuente con un caudal suficiente para el mantenimiento de la vida y la vegetación de ribera".
"Irregularidades" en los caudales ecológicos
"Es una situación insostenible en el tiempo. El río Tajo es el único río que hasta ahora nunca ha tenido caudal ecológico cuando todos los ríos de España lo tienen", ha remarcado.
En este sentido, añade que la Junta ha detectado "irregularidades en los volúmenes de agua de caudales ecológicos establecidos para el año 2025", "Todos estos incumplimientos han motivado el hartazgo del gobierno de Castilla-La Mancha", ha aseverado la consejera.
Los caudales mínimos registrados en las masas de agua ‘Río Tajo desde Arroyo del Álamo hasta Azud del Embocador’ y ‘Río Tajo en Aranjuez’ durante dicho periodo fueron inferiores a los correspondientes caudales ecológicos mínimos. Se trata de caudales mínimos de 6,39 m3/s y 5,68 m3/s, frente a un caudal ecológico mínimo de 7,9 m3/s establecido en ambas masas; “lo que evidencia un modelo de gestión no sostenible”, precisa.
"Aplicar al menos los caudales que fija la sentencia del Tribunal Supremo de 2025 es imprescindible para detener este deterioro ambiental", ha defendido la consejera, que añade que a esta situación se suma que la pérdida de dinámica fluvial está transformando los ecosistemas, debido a que la falta de caudal genera invasión de carrizales, desaparición de saucedas y retroceso del bosque de ribera, “comprometiendo la integridad ecológica del Tajo, necesaria para mantener sus funciones ecológicas y su biodiversidad”.
Page ve "duro" denunciar a un Gobierno del mismo partido pero alerta de que se está "rozando" el delito ecológico
Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lamentando el "duro" trance de tener que denunciar en los tribunales "con importantes consecuencias" a un Gobierno "del mismo partido político".
García-Page, durante su intervención este martes en su visita al Centro de Atención Directa (CAD) de la Asociación Daño Cerebral C-LM en Talavera de la Reina, ha manifestado que esta "falta de cumplimiento" de las sentencias sobre los caudales ecológicos del río Tajo podría entenderse por muchos servicios jurídicos incluso como "delito ecológico".
"Yo no sé cuántos políticos hay en Castilla-La Mancha y, probablemente, en otras regiones que, llegado el momento, estarían dispuestos realmente a poner por delante los intereses de su tierra incluso para llegar a tener que denunciar en los tribunales, con importantes consecuencias, a un gobierno que es de su mismo partido político", ha reivindicado.
El presidente castellanomanchego ha recordado que han dado "más de un año de margen" para la ejecución de las sentencias pero, finalmente, han tenido que tomar una decisión "práctica y clara". En todo caso, ha confiado en que haya "solución" para esta problemática e incluso en que se pueda llegar a "retirar el pleito" contra el Gobierno de España.
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