Caminar al colegio, un modelo sostenible que familias del Casco de Toledo piden puntuar en la escolarización

IES Sefarad de Toledo

Casi la mitad del alumnado de Toledo -el 48,2%- afirma que va al colegio o instituto en coche, mientras que un 43,6% va al centro educativo caminando, bien solo -el 26,3%- o acompañado -el 17,3%- y tan tolo el 7,1% va en transporte público.

Así lo recogieron en una encuesta que se realizó con motivo de las sesiones formativas que se realizaron el pasado año por el avance del Plan de Ordenación Municipal (POM), a través del Consejo de Participación Infantil y Adolescente de Toledo (CPIA). En total se contabilizaron las respuestas de 486 niños y niñas, la mayoría de entre 9 y 12 años, aunque la muestra abarca de los 3 a los 17.

Es un dato que refleja las habituales imágenes de tráfico y las largas colas de vehículos, muchos parados o estacionados indebidamente, que se forman en los entornos de los centros escolares en las horas de entrada y salida a los mismos. Sin embargo, según recoge la encuesta, casi la mitad las familias apuestan por que los más jóvenes vayan caminando a su colegio o instituto.

Se trata de una práctica sostenible, con múltiples beneficios para el propio alumnado y para la sociedad, que familiares de escolares de residen en el Casco Histórico de Toledo quieren que se tenga en cuenta en la puntuación que se otorga en el procedimiento de admisión del alumnado a los centros docentes de Castilla-La Mancha.

Por ello, la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del único colegio público del barrio antiguo de la ciudad -el CEIP San Lucas y María- ha presentado un recurso de alzada contra el decreto de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes que regula estos criterios y la baremación que se otorga al no puntuar la posibilidad de que el alumnado pueda desplazarse caminando o en bici a su centro educativo, algo que consideran "contrario a la normativa de la Unión Europea".

"La Unión Europea consagra el derecho de velar por la sostenibilidad ambiental en la toma de decisiones. La directiva comunitaria es de transposición obligatoria. El Estado la ha transpuesto pero las comunidades autónomas no", explica a este medio Marta Muñoz, madre de alumnos del CEIP San Lucas y María, cuyo centro de referencia es también el único instituto público que hay en el Casco Histórico: el IES Sefarad.

A él acuden también jóvenes de otros municipios limítrofes de Toledo en los que no hay instituto, por lo que la zonificación establecida les otorga la misma puntuación en el apartado que define la proximidad al centro. Sin embargo, al contrario que el alumnado que reside en el Casco, han de desplazarse al centro escolar en los autobuses que hacen rutas escolares o en vehículo privado.

La mitad del alumnado de Toledo va en coche al colegio

La cuestión que plantean las familias del alumnado de este colegio se recoge también en el documento de análisis realizado por el Ayuntamiento para definir el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de la ciudad. Con datos del año 2004, muestra los modos de transporte para acceder a centros escolares dependiendo de si se encuentran en el mismo barrio en el que se reside o no.

El mayor nivel de dotación de proximidad de estos centros hace que algo más de la mitad de los usuarios acudan a los mismos a pie, frente a un 31,5% que utiliza el automóvil privado. En este caso un 3,6% hace uso del transporte público o escolar. Cuando el centro se ubica en el propio barrio aumenta considerablemente el desplazamiento a pie (63,1%) y aumenta el uso de transporte público (14,3%) o escolar y el uso del automóvil privado afecta a más de la mitad de las familias.

Modos de transporte para acceder a los centros escolares / Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible

Su instituto de referencia, el único público en el Casco Histórico

"No estamos en contra de que vengan niños de fuera, evidentemente, pero teniendo el instituto al lado creemos que se tiene que valorar antes que se pueda ir andando al mismo", apunta también Raúl Vizcaya, padre de otros dos alumnos del colegio, quienes "desde pequeños han ido también al Sefarad a realizar un montón de actividades o talleres".

Recuerdan las familias el pasado curso escolar saltaron las alarmas cuando buena parte del alumnado del CEIP San Lucas y María se quedaron fuera del IES Sefarad en la resolución provisional de escolarización. Tras las quejas de las familias, la Administración decidió abrir una nueva línea en dicho instituto para poder escolarizar al alumnado excluido, pero recuerdan que también se comprometió a realizar las modificaciones normativas necesarias para que este problema no volviese a ocurrir.

"Es de sentido común que quienes puedan ir andando o en bicicleta tengan más puntuación", señala por su parte Juan Francisco Pérez, abogado del despacho Grupo Legal que ha impugnado por vía administrativa la resolución que regula los criterios y el procedimiento de acceso del alumnado para el curso 2023-2024, que a su juicio incumple normativa nacional y europea en cuanto a la sostenibilidad medioambiental.

Colegio Público Santa Teresa, Toledo / Fotografía: Bárbara D. Alarcón

Impugnación de la resolución

En este sentido, según recoge en el recurso de alzada presentado al que ha tenido acceso este medio, señalan que dicha resolución "no ha priorizado la movilidad activa". "Se debe tratar de conceder alternativas al vehículo privado, tanto en el ámbito urbano como en el conjunto del territorio", subrayan en este recurso, en el que instan a "reconocer la movilidad sostenible como un derecho de la ciudadanía como elemento de cohesión social".

“No tienen acceso a ruta escolar ni facilidad alguna para ir en transporte público urbano, entre otras cosas, por la propia fisonomía de un centro histórico. Por ello, las familias se ven obligadas a tirar de su vehículo privado para poder llevar a sus hijos al instituto, ubicado fuera del Casco Histórico”, denuncian sobre la posibilidad de que no obtengan plaza en su instituto de referencia.

Tanto Marta como Raúl defienden que poder ir andando al colegio es "una maravilla hoy en día". "Nosotros hemos optado por una vida urbana más sostenible", subrayan estos vecinos del Casco Histórico, un barrio cuya población consideran que está "desprotegida" por "la falta de vivienda, los elevados precios del alquiler, la ausencia de servicios o las dificultades para encontrar aparcamiento cerca del domicilio", añade también el abogado.

Tras la presentación del recurso, la Consejería de Educación -que ha declinado pronunciarse sobre este asunto- dispone de un plazo de tres meses para responder. Si no lo hace, explica Juan Francisco Pérez, se interpretaría como un silencio administrativo que daría la posibilidad de judicializar el asunto. Sin embargo, confían en que puedan llegar a un punto de acuerdo sin tener que dar ese nuevo paso.