Tan solo una semana después de la reunión de Emiliano García-Page con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el Gobierno central ha vuelto a tener otro ‘gesto’ con la situación que atraviesan los pueblos ribereños de la cabecera del río Tajo debido al trasvase hacia el Segura. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha visitado Sacedón (Guadalajara), donde ha defendido la propuesta del Ejecutivo central de que estos municipios formen parte de la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura, órgano que ayer propuso una nueva derivación de agua para el mes de agosto pero que por primera vez ha pedido tener en cuenta las consecuencias del cambio climático.
Morán ha dicho, con motivo de su visita, que es "de justicia" que los municipios ribereños de los pantanos de Entrepeñas y Buendía estén en los órganos de gestión del trasvase, como ya lo está la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, y cree que esta presencia tendría que "satisfacer" al Gobierno de Murcia y a la Diputación de Alicante y no debe suponer "ningún trauma".
También ha incidido en que se va a tener que asumir la realidad de que las decisiones climáticas no pueden estar condicionadas por las decisiones políticas tras insistir en que él es más partidario de adecuar las respuestas políticas a las realidades físicas "y no al revés". Ha reconocido que, de una u otra manera, la necesidad de garantizar un caudal ecológico por encima del que hoy atiende las necesidades del Tajo "obliga a repensar" los mecanismos de las reglas de desembalse, y por lo tanto, afectará al sistema en su conjunto.
En cuanto a los plazos, ha apuntado que la planificación viene tasada por normativa marco europea, y ha explicado que, en este caso en concreto, el proceso de consultas públicas se abrirá probablemente en la segunda quincena del mes de septiembre, y a partir de ahí se iniciaría un periodo de participación ciudadana de seis meses, y acto seguido tocaría ya la puesta en marcha de la elaboración del plan en su primer borrador.
Morán ha recordado que todos los planes de cuenca tienen que estar aprobados a finales de 2021. Y en cuanto a si ese cambio de normativa en el horizonte de varios años va a implicar que el Memorándum del Tajo cambie, ha dicho que el informe que se va a solicitar al CEDEX pretende buscar una fórmula para conseguir que en los embalses de cabecera haya una "lámina de agua razonable" que ponga fin al estrés hídrico actual. En este sentido ha apuntado igualmente que dicho informe debe tener en cuenta las previsiones de futuro y así establecer un mecanismo que garanticen una capacidad de retención suficiente de agua.
En cuanto a la vertiente de judicialización que hay en estos momentos en torno a los caudales de agua, ha explicado que hay que cumplir aún con cinco sentencias que determinan la obligación de dotar al Tajo del caudal ecológico y que ello conlleva una revisión de toda la normativa de la infraestructura.
Por su parte, el alcalde de Sacedón y secretario de Agua del PSOE de Castilla-La Mancha ha avisado que esta comunidad autónoma no va a “entrar al trapo” de las “amenazas” que se vienen haciendo desde Murcia . “No vamos a entrar en ningún tipo de guerra con ninguna otra región, que lo que tienen que tener claro es que vamos a defender nuestros derechos, y entre ellos está el agua, como si nos fuera la vida en ello”.
“No vamos a consentir que desde ningún otro sitio de España se nos recorten nuestras posibilidades de desarrollo, en este caso las que nos proporciona un recurso tan importante como el agua, que se va por el trasvase hacia otras regiones dejando de crear empleo y beneficios económicos. Eso tiene que parar”, ha destacado.
"No podemos permitir que la mayor parte de recursos hídricos vaya a otra región"
Dicho esto, el socialista ha insistido en que debe cumplirse la sentencia del Tribunal Supremo que pide respetar los caudales ecológicos del río Tajo. “Hemos sido solidarios durante 40 años y si hay que seguir siéndolo, lo seremos, pero lo que no podemos permitir es que la mayor parte de los recursos hídricos de Castilla-La Mancha vaya a parar a otra región y además que en esa región nos sigan tratando de insolidarios”.
En cuestiones de agua también ha trascendido que, precisamente, el Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a "dar cumplimiento a la normativa vigente respecto a la representación técnica de composición de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura", encargada de autorizar los trasvases entre ambos ríos. Según indica el PP, en la actualidad, dicha comisión está formada exclusivamente por técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica y de las confederaciones hidrográficas implicadas. Con la inclusión de los ribereños se estaría “rompiendo el carácter técnico de la comisión”.
Así, el PP propone entonces, en caso de que entraran los representantes de los municipios ribereños de ambos embalses, la incorporación de "una representación equitativa de todas las comunidades autónomas, entidades locales y organizaciones afectadas por el trasvase, tanto de la cuenca cedente como de la receptora".
A esta propuesta ha respondido el presidente regional, Emiliano García-Page, quien ha afirmado que la postura de los 'populares' a favor de los intereses de una parte en materia de agua es un "desprecio" para Castilla-La Mancha. Así, ha exigido a los dirigentes regionales del PP que se pongan "claramente del lado de nuestra tierra":
