La Federación Empresarial Toledana (Fedeto) ha criticado la propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social destinada a establecer una reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales, calificando la medida como una “imposición dictatorial” con “consecuencias impredecibles para el crecimiento económico y para la sostenibilidad de las empresas y del empleo”.
El presidente de Fedeto, Javier de Antonio Arribas, ha asegurado durante una rueda de prensa realizada en la sede de la patronal toledana junto al secretario general de la entidad, Manuel Madruga, que la iniciativa del Ministerio forma parte de “un acoso constante sobre los empresarios, envuelto en una hostilidad permanente que nace de una parte del Gobierno de la nación”, destinada a “apelar a la conquista de nuevos derechos sociales que no son sostenibles”.
De Antonio se ha referido a un incumplimiento del principio del diálogo social, afirmando que la medida se va a imponer “en una semana, según ha comunicado el secretario de Estado”, sin detenerse a escuchar al sector empresarial.
En este sentido, el presidente de Fedeto ha señalado que el planteamiento de la patronal pasa por establecer “transitoriedad” en la aplicación de la misma, para que “esta medida no se adopte en 2024 o 2025, sino que se prorrogue y se puede ir adoptando a lo largo de lo que es toda la legislatura”.
“Que no se aplique en todos los sectores de la misma forma”
Asimismo, se ha planteado un mecanismo de adaptación para que “no se aplique en todos los sectores de la misma forma”. Por último, han planteado que “se pueda aplicar mediante negociación colectiva una ampliación de la jornada en aquellos sectores que no puedan quedar sometidos a las 37 horas y media”, una medida que han señalado, se contempla en otras legislaciones laborales como Francia, según ha afirmado Miguel Madruga.
Sin embargo, Fedeto ha señalado que desde el Ministerio de Trabajo no se ha atendido a ninguna de sus peticiones, estableciendo de forma unilateral “medidas que lo único que provocan es la pérdida de la competitividad de las empresas españolas”.
En esta línea, han apuntado al riesgo de que se produzca un incremento de la inflación en el país, afirmando que en la actualidad “se sitúa a 1,4 puntos de la inflación europea y por lo tanto las empresas españolas tenemos 1,4 puntos de pérdida de competitividad con respecto a las empresas europeas”.
Asimismo, han vaticinado una “pérdida de puestos de trabajo” al incrementarse los “costes salariales que están ya fuera de todo lo normal”. “Tienen unos efectos a medio y a largo plazo muy difíciles de digerir por la economía”, ha sentenciado Madruga, advirtiendo que el ámbito regional castellanomanchego se verá aún más perjudicado y que la medida va a “dañar mucho más que a las empresas que están en Madrid”.
