El próximo lunes 2 de marzo, los padres y madres de un centro educativo en Olías del Rey “intentarán” que ningún alumno vaya a clase. Es una muestra de protesta más ante lo que consideran “situaciones conflictivas” en un aula de niños y niñas de 1º de Educación Primaria, con seis años, en la que dicen, ni los docentes ni los “recursos extra” son “capaces de controlarlas”.
Quien lo cuenta es Marta Rodríguez, portavoz de una veintena de padres y madres que este martes se han concentrado a las puertas de la Consejería de Educación, en Toledo, para reclamar “soluciones reales que a los padres nos garanticen la seguridad de nuestros hijos”.
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La madre elude referirse de forma directa a lo que ocurre en el seno del aula, ni a quién o quiénes lo protagonizan, pero lo califica de “situaciones peligrosas tanto verbal como físicamente”, sin concretar cómo se producen.
El lunes, dice, el 80% de los niños y niñas en el primer curso de Educación Primaria del centro no acudió a clase. Las aulas, dice esta madre, son cada vez más “diversas” y requieren no solo más recursos sino “más formación” para los docentes y especialización en la atención al alumnado. “Demandamos recursos especializados de PT (Pedagogía Terapéutica) y AT (relacionada con Audición y Lenguaje) y que este personal esté formado para que puedan dar apoyo a estos docentes”.
Según Marta Rodríguez hoy en día “los niños y niñas se comportan de distintas formas y necesitan ser atendidos de otras maneras. Hace años a lo mejor no es tan necesario, pero a día de hoy, sí”, afirma. “Cada vez hay más formas de comportarse, de socializar, y eso debe estar cubierto por nuestros centros educativos”, ha insistido.
El papel de los padres y madres es "reclamar"
“La culpa no es de lo niños, sino del quien tiene que hacerse responsable de ellos y no lo hace. Es la administración”, dice esta madre que sitúa la responsabilidad de avanzar en la inclusión en el sistema educativo y reduce el papel de los padres y madres a “reclamar”.
Hoy han leído un manifiesto “por una gestión educativa planificada, responsable y transparente”, para “pedir responsabilidad institucional, no para señalar a ningún niño o cuestionar la inclusión educativa o enfrentar a familias”.
Dice que seguirán buscando “respuestas” y “en pie de guerra” aunque “abiertos a la colaboración y a la comunicación, pero mientras no nos atiendan, seguiremos”.
De momento, desvela que la dirección del centro educativo se ha puesto en contacto con ellos para anunciar que habrá una próxima reunión con la Inspección de Educación. “Parece que han
dado un paso adelante, por eso los niños y niñas han ido hoy a clase”.
La madre se ha referido también a “mensajes de odio generados en las redes sociales. Quiero pedir disculpas si cualquiera se ha sentido ofendido. No es nuestro objetivo. No nos hacemos responsables. El objetivo es que pongan más medios y que todos los niños estén atendidos en sus centros”.
Les han acompañado representantes de Vox. Como Daniel Arias, concejal en el ayuntamiento del pueblo que ha culpado a la alcaldesa Rosario Navas de desentenderse, frente al apoyo “a las familias” por parte del partido de extrema derecha. También ha cargado contra el Gobierno regional. “El lema de la concentración es por una inclusión con más recursos en la escuela pública. En Vox estamos de acuerdo. La problemática está en muchos municipios de la provincia”.
Y se ha referido de forma expresa a otro centro en Méntrida. El sindicato ANPE Toledo, denunciaba ayer lo que califica de “grave situación” que se vive en el IES ‘Antonio Jiménez Landi’ con “episodios reiterados de conflictividad que comprometen la seguridad de alumnado y profesorado”. Lo achacan a “la falta de recursos personales de apoyo recogidos en el dictamen de escolarización, pese a las reiteradas solicitudes formuladas por el centro ante la Administración educativa”.
En opinión del sindicato esta situación “responde más a motivaciones económicas que educativas” y que la normativa vigente “establece con claridad” que es obligación de la Administración dotar a los centros de los recursos personales y materiales necesarios para una educación inclusiva de calidad, sin que las limitaciones presupuestarias puedan vaciar de contenido el derecho a la educación de todo el alumnado.
Habla de “inacción” que “está trasladando de facto al profesorado y al propio alumnado la carga y el riesgo de una situación que la Administración conoce y no corrige, vulnerando el interés superior de todos los menores y deteriorando gravemente las condiciones de trabajo del profesorado”. Añade que se están registrando “casos de incapacidad temporal derivados del clima de tensión permanente en el centro e ignorando la petición de la evaluación de riesgos psicosociales en el centro educativo”.
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