La portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha presentado este miércoles la Estrategia de inclusión del Pueblo Gitano 2026-2030, un plan dotado con 6,6 millones de euros con 42 objetivos y 103 medidas, centrados en "la mejora de la tasa de escolarización, la mediación escolar o los indicadores de salud y vivienda" y "reducir la tasa de abandono educativo, la tasa de pobreza o la tasa de paro".
Coincidiendo con el 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, y en la rueda de prensa para tratar los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno, Padilla ha concretado que el plan consiste en "medidas concretas con intervención integral para romper la segregación" y mejorar la vida de las más de 40.000 personas de esta etnia que viven en Castilla-La Mancha.
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La iniciativa, ha aclarado, "no está diseñada en un despacho de manera aislada por técnicos", sino teniendo en cuenta al tejido asociativo y a los representantes del pueblo gitano, en un proyecto que demuestra que "el Gobierno de Emiliano García-Page no mira para otro lado cuando se trata de desigualdad".
Esto va sumado, ha manifestado la portavoz regional, a la celebración por primera vez en 2026 del Día del Pueblo Gitano en Castilla-La Mancha, previsto para el 5 de junio.
Por otro lado, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, la viceconsejera de Servicios y Prestaciones Sociales, Guadalupe Martín, y el director general de Acción Social, Santiago Vera, han representado al Gobierno de Castilla-La Mancha en la Ceremonia del Río celebrada en Madrid y presidida por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. En ella también ha estado el presidente de la Federación Gitana de Castilla-La Mancha, Jesús Cano.
Los responsables autonómicos han trasladado el apoyo del Gobierno regional a una fecha que pone en valor la historia, la cultura, la dignidad y los derechos del pueblo gitano. Así, García Torijano ha subrayado que "Castilla-La Mancha no viene hoy sólo a acompañar una conmemoración, sino a reafirmar una posición política clara: que el reconocimiento institucional debe traducirse en políticas públicas, en colaboración estable y en medidas concretas que permitan seguir avanzando en igualdad real".
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