El balance del curso escolar 2020-2021 del sindicato ANPE no es del todo positivo, más bien todo lo contrario. Un curso que comenzó con “incertidumbre, burocracia y mucha responsabilidad”, finalmente no tuvo “ninguna medida de mejora importante” en relación a la situación excepcional vividas en las aulas con motivo de la pandemia sanitaria. El sindicato señala que el profesorado tenía una autonomía “sin recursos” y que hizo frente a “mucha burocracia”, en relación a los planes de contingencia, planes de inicio de curso, medidas de prevención y promoción de la salud frente al coronavirus. Mucha responsabilidad, recalcan, sin contar con suficiente contratación de profesorado de apoyo por la COVID-19.
De este modo, explican que el curso se inició “sin los 3.000 docentes más que anunciaba el 13 de julio el presidente regional, Emiliano García-Page”. “En realidad, eran 870 más”, afirman desde la organización, de los cuales 381 llegaron a la provincia de Toledo. Más allá de esta contratación, afirman, no hubo medidas de mejora, como una bajada generalizada de ratios, ni tampoco “generosa contratación de profesorado”, o la incorporación de la tan demandada figura de la enfermera escolar que tanto pidió el sindicato. Por otro lado, afirman que tampoco hubo personal de apoyo para Educación Infantil, área en la que, afirman, sólo se ha recuperado un tercio de los más de 8000 personas que ha perdido.
Por otra parte, afirman que tampoco hubo un permiso específico para los docentes que debían atender a sus hijos en cuarentena. “ANPE insiste en que el cuidado de los menores en cuarentena es un deber inexcusable de los progenitores o tutores y pide al gobierno regional que regule expresamente este permiso”, explican. También recuerdan que presentaron un escrito ante las delegaciones de Inspección de Trabajo para denunciar que se ha mantenido a los docentes “más horas de las estrictamente necesarias de manera presencial en los centros educativos”, al obligarlos a permanecer de manera presencial en los centros en sus horas complementarias.
Filomena y vacunación
La organización ha criticado las medidas tomadas tras el temporal Filomena, especialmente entre el profesorado, además de llamar la atención al estado de los centros. En cuanto a la vacunación, han criticado que Castilla-La Mancha “fue la última comunidad en vacunar a sus docentes”. “Ahora, el colectivo docente de Castilla-La Mancha está pendiente de qué ocurrirá con la administración de la segunda dosis, puesto que en su totalidad ha sido vacunado con AstraZeneca”. Algo que, recuerdan, también va a afectar a las oposiciones de enseñanzas medias.
Permiso docente
El sindicato ha anunciado que ha acordado, con la Consejería de Educación, desistir del proceso judicial que ya se encontraba pendiente de sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, una sentencia “probablemente favorable a la demanda de ANPE”, que “no es otra que la del interés del profesorado de la región por recuperar dichos días de libre disposición retribuidos y sin necesidad de justificación”. Ante esto, se muestran satisfechos para mejorar el permiso docente, modificado de “manera unilateral” en 2018.
Propuestas para el próximo curso
Para el curso 2021-2022, el sindicato ha pedido que se aumente el profesorado dotado a los centros con motivo de la pandemia, para mantener las medidas de seguridad y también para abordar planes específicos de apoyo y refuerzo educativo con el alumnado. Así, quieren “paliar y minimizar” las consecuencias del “complicado” curso escolar, por la atención a la diversidad del alumnado e inclusión educativa y para no sobrecargar, un curso más, al profesorado. En este sentido, piden también la reducción de las ratios de Bachillerato, FP, Conservatorios y Escuela Oficial de Idiomas, “para situarlas a las existentes en 2012”, y por la reducción paulatina de las ratios en Infantil, Primaria, Secundaria y resto de enseñanzas.
Por otra parte, insisten en el aumento de las plantillas jurídicas y también en la reducción del horario lectivo hasta un máximo de 18 horas lectivas en enseñanzas medias y 23 horas en Infantil, Primaria y Educación Especial, así como las sustituciones “inmediatas” de las bajas de profesorado. También, se han referido al aumento de gastos de funcionamiento, para dotar a los centros de suficiente material sanitario y de seguridad.
Finalmente, la organización ha exigido que exista un plan de apoyo psicológico y emocional para el profesorado, alumnado y sus familias, debido a los meses “muy complicados” que se han pasado y las posibles consecuencias. También han recordado la necesidad de tener planes específicos para la mejora de la convivencia y la falta de agresiones a docentes. El sindicato ha recordado también que es el “momento” de abordar la situación del profesorado y su futuro profesional, por lo que demandan el desarrollo de la profesión docente por medio de una Ley y el Estatuto de la Función Pública Docente; para establecer un marco imprescindible que regule un nuevo modelo de acceso, selección y desarrollo de la carrera profesional desde el ingreso hasta la jubilación.
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