Fotografía: Bárbara D. Alarcón
Amnistía Internacional Castilla-La Mancha pide que el Gobierno regional que declare las zonas tensionadas de vivienda en la comunidad autónoma, y, por tanto, se regule el precio del alquiler en las mismas. “Dicha medida no es excluyente con invertir en aumentar la oferta de vivienda o construir más vivienda social”, afirman y resaltan que se trata de medidas “necesarias” para garantizar el derecho a la vivienda.
La organización ha dirigido una carta al consejero de Fomento, Nacho Hernando, para transmitir una serie de preocupaciones sobre el ejercicio del derecho a la vivienda en la región. La organización lo hace así, tras la reciente publicación del índice de referencia que permitirá la declaración de zonas tensionadas, así como la regulación de los precios del alquiler en España, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Vivienda, que entró en vigor el pasado 26 de mayo de 2023.
El 27 de febrero, el Gobierno publicó el índice de precios de referencia para regular los alquileres. Este mecanismo de control de precios del alquiler se dirige básicamente a grandes tenedores en zonas tensionadas y establece un sistema estatal de referencia, en base a los contratos que están actualmente en vigor. Para que se pueda aplicar, es necesaria la declaración de dichas zonas, que tienen que ser solicitadas por las comunidades autónomas, quienes deben presentar a su vez otra serie de medidas como aumentar la oferta o las ayudas, entre otras medidas.
Desde Amnistía Internacional lamentan que "el gobierno autonómico ha manifestado su negativa a regular el precio del alquiler mediante la declaración de zonas tensionadas, salvo que los ayuntamientos así lo soliciten". Pero la organización considera que los gobiernos “deben ser proactivos” en el cumplimiento de las mismas y “no deben limitarse a gestionar solicitudes de ayuntamientos, sino que deben promover el establecimiento de estas zonas”.
Baja cobertura de vivienda social
Respecto a la vivienda social, Amnistía internacional recuerda en su carta al consejero que el propio proyecto de ley reconoce que el parque de vivienda social “apenas ofrece cobertura a un 1,6 por ciento de los 18,6 millones de hogares que habitan en España, lo que contrasta con los porcentajes sensiblemente superiores al 15 por ciento registrados en algunos de los principales países de nuestro entorno, como Francia, Reino Unido, Suecia, Países Bajos, Austria o Dinamarca, considerando el total del parque de vivienda social”.
Por ello, Amnistía internacional insta a que haya un compromiso firme por parte de la Consejería de un incremento progresivo del parque de vivienda social y que este aumento quede reflejado en un porcentaje anual.
El Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha manifestado públicamente en varias ocasiones su intención de elevar la oferta disponible mediante la “promoción de la construcción de 10.000 viviendas en los lugares de la región donde mayor es la demanda y más difícil el acceso a una vivienda”, pero, a la vez, ha declarado su negativa a regular los precios del alquiler mediante la declaración de zonas tensionadas.
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