Admitido a trámite un recurso contra el Decreto de inclusión educativa

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo contra el Decreto de inclusión educativa aprobado por la Junta el pasado mes de noviembre. El recurso, que ha sido interpuesto por la Asociación para la Solidaridad comunitaria para las personas con diversidad funcional y la inclusión social (Solcom), plantea que dicho decreto “vulnera” la Constitución Española (CE) y y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

En el resumen de los motivos por los que Solcom ha interpuesto este recurso, la asociación lamenta que el mencionado decreto “no establece que la educación inclusiva es un derecho fundamental”, rechaza “la diferenciación” de medidas a llevar a cabo en la inclusión educativa en función de si corresponde aplicarlas a la Junta, al centro educativo o incluso a nivel de aula, y critica también que “la decisión” de la modalidad de escolarización en educación especial “se deja a la discrecionalidad de la Administración”, una medida establecida en el artículo 16 del decreto que tacha como “como particularmente grave”.

Respecto a “vulneración” de la Constitución a la que alude, la asociación señala que el decreto habla a “principios” y “criterios generales” sobre la inclusión educativa, pero “no deja establecido el concepto esencial de que es un derecho fundamental, lo cual es trascendente” y está reconocido en los artículos 14 y 27 de la Constitución Española (CE), recuerda Solcom.

También apunta que será objeto del recurso todo lo relativo a la titulación de los alumnos, pues considera que el decreto “presenta especial problemática en la práctica” en “lo que se refiere a alumnos con adaptaciones curriculares”, y “la muy escasa o nula participación de los padres y familias que contiene”.

         

Precisamente, dicho decreto, en vigor desde diciembre, es el que sirve como referencia también en el proceso de escolarización que la Junta tiene abierto desde el pasado 1 de febrero y hasta el próximo día 28. En este sentido, el director general de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional de la Consejería de Educación, Amador Pastor, ha transmitido tras la noticia de la admisión a trámite de este recurso un mensaje de “tranquilidad y normalidad” en cuanto a la implantación y desarrollo de este decreto a docentes, opositores y familias.

Escolarización en educación especial

Solcom apunta en su exposición de motivos que los puntos citados anteriormente no son “acordes a la Convención”, pues esta “no establece categorías” en las medidas planteadas de inclusión educativa y, además, “establece el derecho de los alumnos a su escolarización en centros ordinarios, con los correspondientes apoyos y ajustes razonables, sin excepción”, una premisa que, a juicio de la asociación, no se ajusta a lo planteado en dicho decreto.

En concreto, en dicho recurso incide en que “después de decir que la modalidad que responde al derecho a la educación inclusiva es el centro ordinario, se establecen hasta tres categorías de escolarización: la combinada; escolarización en unidades de educación especial y en centros de educación especial”. “La determinación de estas modalidades de educación especial se deja a la discrecionalidad de la Administración Educativa, sin establecerse las exigencias de motivación que ha señalado el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo”, critica Solcom.

En definitiva, la asociación rechaza que sea la propia Administración la que pueda determinar en última instancia la modalidad educativa del alumnado de educación especial y recalca que lo planteado en el decreto “vulnera la Jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto” que apunta que “los centros de educación especial, tienen que ir progresivamente desapareciendo y configurarse como centros de recursos hacia los centros ordinarios”.

“No entendemos” el recurso, “el único punto de desencuentro puede ser la modalidad de escolarización”

En declaraciones a este medio, el director general de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional ha defendido que este decreto ha sido consensuado y mejorado por el Consejo Escolar de Castilla-La Mancha y diversas asociaciones de personas con discapacidad y ha sido “aplaudido” por otras comunidades autónomas. Incluso, afirma que cuenta con una decena de aportaciones de Solcom.

“No lo entendemos”, señala Pastor sobre la presentación de este recurso por parte de Solcom, con quien señala que “el único punto de desencuentro puede ser el de las modalidades de escolarización”. Sobre este aspecto, defiende que “aunque es cierto que hay que garantizar al alumnado la escolarización inclusiva” también hay una sentencia del TSJCM que dice que “puede existir la modalidad de escolarización en centros de educación especial cuando se hayan agotado todas las medidas” que permitan su incorporación a un centro ordinario.

Así, Pastor recalca que “la voluntad” de la Administración es “agotar todas las posibilidades que ofrece el contexto ordinario”. No obstante, recuerda que dicho decreto tiene también que “dar respuesta a las medidas que la Lomce pueda contemplar” respecto a la modalidad de escolarización, algo que “no quiere decir que si hay un cambio normativo de la Lomce no se aplicaría” en la comunidad autónoma.

“El decreto no solo habla de estas modalidades de escolarización sino que plantea una continuación de medidas que el centro o los docentes puedan articular para dar respuesta al alumnado”, añade sobre estas diferencias con Solcom, de quien recalca que es “mucho más” lo que les acerca en lo que se refiere a la inclusión educativa y la atención a la diversidad del alumnado.

“Tranquilidad” para opositores o el desarrollo del nuevo decreto de orientación

Preguntado por si este recurso puede suponer problemas a los maestros que están inmersos en la preparación de las oposiciones que tendrán lugar el próximo mes de junio, Pastor asegura que “todo lo contrario” ya que “que el recurso haya sido admitido a tramite no ha implicado de momento la suspensión cautelar del decreto”. “Todo sigue con normalidad” de cara a este proceso de oposiciones, agrega.

En el mismo sentido, argumenta también que este recurso tampoco tiene “por qué parar” el desarrollo del nuevo decreto de organización y estructura de la orientación educativa en Castilla-La Mancha en el que ya están trabajando y que completa la renovación legislativa en este ámbito educativo marcada hasta ahora por el decreto del año 2013, que reunía en un mismo documento la regulación de la atención a la diversidad del alumnado -ahora concretada en el Decreto de inclusión educativa- y la gestión de la orientación educativa.