El Ayuntamiento de Toledo ha abierto 15 expedientes sancionadores a las empresas Autocares Vilar y Autocares Carlos Ugarte por realizar un servicio turístico en la capital regional sin la correspondiente autorización administrativa, ofreciendo rutas por la ciudad a turistas que recogen en la misma estación de tren, en clara competencia desleal con las empresas que operan en la ciudad como son el bus y el tren turístico.
Ambas empresas operan bajo los encargos de una tercera, la empresa toledana Viajes Reinas Tour, según ha podido conocer toledodiario.es sobre la misma, que ya había sido avisada por el Consistorio para no encontrar una solución que no ha llegado y que ha provocado la apertura de estas sanciones que se van a tramitar en un plazo de seis meses y que alcanzan los 30.000 euros (2.000 euros por cada expediente).
El portavoz del equipo de Gobierno municipal, José Pablo Sabrido, ha explicado este jueves en una rueda de prensa que una de las dos empresas de autobuses tiene 11 expedientes sancionadoras y la otra cuatro. En este sentido, ha apuntado que el trámite después de la apertura de este expedientes continuará con su exposición pública, la apertura de un período de alegaciones y, en su caso, la emisión de dichas sanciones de manera definitiva.
Además, se contemplan también otras acciones como la inmovilización de los autobuses que están prestando estos servicios turísticos de manera paralela. “Probablemente hemos tenido problemas antes -con las mismas empresas-, pero creíamos que se habían solucionado con carácter definitivo”, ha señalado también Sabrido.
“En nuestra opinión, parece ser que recogen pasajeros en el AVE y los van llevando por los puntos turísticos que pasan el bus turístico o el trenecito que tenemos en concesión”, ha dicho el portavoz, que ha nombrado también las polémicas en las que se han visto implicadas empresas como Uber o Cabify en otras ciudades en las que se han producido “numerosos conflictos” por la competencia que plantean al servicio de taxi, regulado en Castilla-La Mancha a través de la modificación de la Ley de Ordenación del Transporte de Personas por Carretera que entró en vigor el pasado 25 de enero.