Los vecinos de la 148 del Polígono de Toledo: "¿Hasta qué punto un alquiler de más de 400 euros es de vivienda social?"

Pablo González y Antonia Llorente viven en el bloque de las 148 en la calle río Yedra en el polígono de Toledo desde que se entregaron las viviendas hace unos seis años. Unidos Podemos ha usado como ejemplo la situación del edificio para pedir una fiscalización de la empresa GICAMAN, titular de la infraestructura. Entre otros, el grupo parlamentario ha señalado que existen "importantes grietas y un preocupante deterioro", además de que el alquiler supera en algunos casos los 400 euros a pesar de ser viviendas sociales. "No sabemos hasta qué punto un alquiler de más de 400 euros, puesto que pagamos IBI y comunidad, es un precio de vivienda social", recalca Antonia.

Los vecinos están asustados y se sienten "inseguros". Así lo explica Pablo, que relata cómo han cortado el suministro de electricidad en los últimos años, dejando al edificio sin ascensor y sin la apertura automática de los garajes. "Hemos estado casi un mes sin limpieza. Es gravísimo. Tenemos que dejar las puertas de los garajes hasta arriba, porque sin luz no se puede abrir. Es un peligro y una inmensa inseguridad para todos los que vivimos en las viviendas de las 148.

"Tenemos mucho miedo", asegura González que critica que la empresa pública "no quiera pagar la factura de 480 euros para poder tener luz". Hay vecinos discapacitados en el bloque, explica,  que "no pueden salir a la calle si no tienen ascensor". Por otro lado, recalca que el patio y los garajes se inundan cuando llueve y todos estos desperfectos son conocidos por GICAMA.

Antonia, por su parte, recuerda que las familias "en su mayoría" no cobran nada o sólo reciben la ayuda de 426 euros al mes. "No podemos hacer frente a los gastos, porque no sólo es el alquiler, sino también el mantenimiento de las familias. Son hijos y nietos que no pueden irse, porque no tienen trabajo. Hay criaturas pequeñas sin luz, porque los padres no cobran. Entre todos nos vamos ayudando", lamenta. Por eso, piden a la consejería de Fomento de la que depende la empres pública de GICAMAN, que realicen un estudio "exhaustivo" del poder adquisitivo de las familias. "Que se den cuenta de que no se puede vivir así", pide.

"Con 430 euros no se pueden pagar 408 euros de vivienda", aseguró Llorente. Por eso pide "encarecidamente" que estudien su situación, que "hagan un seguimiento social". "No queremos que nos regalen nada, queremos que se nos facilite una vivienda digna y a tenor de la situación familiar. No queremos deudas ni regalos, sino vidas tranquilas", asegura. Por su parte, Gonzálz, señala que no han recibido "ninguna" respuesta oficial ante sus peticiones a GICAMAN.